LA MATRIZ DEL ENCUBRIMIENTO

“Las maniobras que el juez les imputa a los procesados habrían consistido en: (...); b) el manejo y/o administración que se hizo del dinero que, por una suma aproximada de U$S 300.000.000.- fuera otorgada por el Banco Central de la República Argentina al Banco Mayo Coop. Ltdo., en concepto de asistencia financiera por iliquidez -redescuentos-, durante los meses de setiembre y octubre de 1998; c) la elevada asistencia crediticia y/o financiera que el Banco Mayo Coop. Ltdo. otorgó - particularmente, en los últimos meses de su funcionamiento en plaza- a personas físicas y/o jurídicas que fácticamente resultarían vinculadas a la entidad; (...) Los aportes en concepto de adelantos por iliquidez transitoria se encuentran acreditados por el informe  pericial glosado a fs. 3879, en el que sobre el particular se consigna que,“la asistencia financiera por iliquidez para el período comprendido entre el 03/09/98 y el 8/10/98 inclusive ascendió a $ 298.600.000”. “Beraja, Rubén Ezra s/ procesamiento” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I, 07/08/2000. 

     "Los atentados a la Embajada de Israel el 17 de marzo de 1992 y a la AMIA el 18 de julio de 1994 ocurrieron en un período muy particular de la historia argentina, bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem. Epoca signada por la desaparición o absoluta sumisión de los organismos de contralor del Estado, al tiempo que proliferaron -en torno del Poder Ejecutivo- los escándalos de corrupción con negocios multimillonarios. La invasión del Poder Judicial con funcionarios amigos o socios del poder, carentes de antecedentes académicos o profesionales de mérito, fue esencial para posibilitar el desmantelamiento del Estado y la gestación de negocios espurios de una envergadura nunca antes vista, que entre otras nefastas consecuencias, dejaron un país empobrecido material y éticamente.

Aspectos muy delicados, directamente atinentes a la soberanía nacional, tales como fabricaciones militares, aeropuertos y depósitos fiscales, aduanas, transferencia de tecnología armamentística, pasaportes y controles fronterizos, formaron parte de millonarios negociados en que participaron nombres vinculados con el tráfico ilegal de armas y el narcoterrorismo con sede en Medio Oriente. Personajes como Monzer Al Kassar, Ibrahim al Ibrahim, Alfredo Yabrán, Amira, Emir Yoma, con vinculaciones directas con el poder sirio y sus servicios especiales, pasaron a ocupar un espacio central en el gobierno de Menem, quien nutrió su campaña presidencial del año 1988 con enormes aportes de gobiernos y organizaciones árabes e islámicas, algunas de ellas abanderadas de una retórica virulentamente antisemita y antisionista.  Entre quienes participaron de la campaña de apoyo a Menem, puede incluso encontrarse al secretario privado de Mohsen Rabbani, el diplomático iraní comprometido con la organización de los atentados a quien el gobierno menemista dejó salir del país en lugar de detenerlo, y luego le “prohibió la entrada”.  

La parálisis y el franco entorpecimiento de las investigaciones de ambas masacres resulta incomprensible si se hace abstracción del contexto político imperante. Contexto que se refiere no sólo a los lazos políticos, familiares y de compromisos adquiridos para la campaña presidencial del candidato riojano y luego parcialmente incumplidos, sino también a vinculaciones posteriores ligadas a negocios ilegales que salpicaron al gobierno y que incluso motivaron la breve prisión de Menem en la casa quinta de su pintoresco titular de la Casa de la Moneda, el también procesado Armando Gostanián.

Por acercar sólo un ejemplo: el despacho ilegal de armas a Croacia y Ecuador que enriqueció a hombres del poder, se organizaba administrativamente en la misma oficina utilizada como sede por un diplomático iraní y su empresa naviera (“Iranian Shipping Lines”), quien días antes del atentado a la Embajada procuró obtener pasajes para irse el 17 de marzo porque “algo iba a pasar”. Tiempo después se fue del país y se desconoce su paradero.

Es decir que, sin necesidad de apelar a los dichos del “arrepentido” miembro de los servicios de inteligencia iraníes, conocido como “testigo C”, quien con sus revelaciones sobre la coima de diez millones de dólares que Irán habría pagado a un enviado de Menem ganó la tapa de “The New York Times”, sobran las evidencias sobre una promiscua relación de miembros de la administración menemista con algunos de los principales sospechosos de haber orquestado los atentados en nuestro país.

De igual modo, durante los años del gobierno de CarlosMenem fue palpable la tácita prohibición de investigar cualquier factor que llevara a Siria o a ciudadanos convinculación con autoridades de aquél país, siendo que numerosas evidencias archivadas en la causa demuestran que el factor internacional fue una “UTE” (Unión Transitoria de Empresas) con sedes en Teherán y también en Damasco, tal como ocurre con otras organizaciones terroristas del mismo signo. En esta tesitura pueden haber pesado los orígenes de la familia presidencial, y las vinculaciones políticas formales e informales mantenidas por sus miembros con el partido Baath sirio, así como un contexto internacional que hacía inconveniente señalar a Siria. Pero fuera de ello, otra vez, los negocios aparecen en primer plano, del tipo de los denunciados por miembros de la Comisión de Investigaciones Sobre Lavado de Dinero del Congreso Nacional. Por esos años, también arribaba al país un lavador internacional de miles de millones de dólares:el banquero Gaith Pharaon y su oscuro BCCI, quien fue presentado en sociedad por un hombre de máxima confianza de Menem: Alberto Kohan.

La cercanía al poder fue en aquellos años sinónimo de sideral crecimiento económico. Varios de los hombres que facilitaron el ingreso de cientos de millones de dólares provenientes de factores del Medio Oriente en guerra con el Estado de Israel, o que sencillamente comulgaban con las ideas de los terroristas, aparecerían luego de los atentados estratégicamente ubicados en dependencias del Estado argentino encargadas de investigar lo ocurrido. Y por supuesto, a la hora de investigar a sus allegados, no encontraron nada.   

Inconvenientemente, estos oscuros años mostraron también dirigentes judíos y abogados de las investigaciones estrechamente relacionados con esas mismas fuentes de poder económico y corrupción, condicionando visiblemente la capacidad de reclamo y denuncia.  En este trabajo, para iniciar un indispensable debate, se hará eje especialmente en la actuación de la dirigencia comunitaria con relación a las investigaciones sobre el atentado a la AMIA y las relaciones con el gobierno,  con un enfoque eminentemente político. Porque fueron decisiones políticas, las que destruyeron pruebas, decretaron secretos de Estado y ocultaron deliberadamente la verdad. Y porque un atentado terrorista lleva implícito un mensaje político. Es, desde este punto de vista, un crimen político. Sin embargo, quienes en estos años desde la querella de la DAIA-AMIA tuvieron el monopolio del discurso público, repudiaron una y otra vez lo que dieron en llamar “intentos de politizar la causa”, insistiendo en aceptar a libro cerrado las actuaciones claves realizadas por funcionarios policiales, judiciales y de los servicios de inteligencia en los años del menemismo, cuando la legalidad fue una palabra vacía de contenido.

Hay momentos en la vida de las instituciones y de la República en que la política tiene que tomar el lugar usurpado por la impostación. Momentos en los que no alcanza con decir “todo queda en manos de la justicia”, porque la misma se ha prostituído a la vista de todo el pueblo. El propio derecho constitucional incluye remedios excepcionales para casos de severa degradación del accionar de jueces que no hacen honor a su cargo, y los constitucionalistas no han sentido vergüenza a la hora de denominar el instituto de emergencia: “juicio político”.

Dada la vastedad del tema, y por su carácter ilustrativo, hemos tomado una cierta cantidad de episodios, como “casos testigo” sobre la dirección política tomada en cada caso. Cada uno de ellos puede ser leído como un hito. La unión de esos puntos sucesivos marca con bastante nitidez una línea, con una dirección determinada cuya evaluación debería ser motivo de profunda discusión y análisis".

("Caso AMIA- La Deuda Interna", Horacio Lutzky,  2003, editorial Mordejari Anilevich).