Cuando en el año 2008 el fiscal
Nisman pidió el procesamiento de Menem, Anzorregui, Palacios y otros por
encubrimiento, la DAIA, preocupada, criticó ácidamente esa
actuación del fiscal, mediante una visita de su principal operador
político a la embajada de EEUU. Así lo recordé en esta nota de abril de
2011. Luego todo volvería a su cauce, incluyendo las disculpas del
propio fiscal a la embajada, según otros cables posteriores
de Wikileaks.
Un
cable de la embajada norteamericana del 22 de marzo de 2008 obtenido
por Wikileaks y difundido por Página/12 señalaba que funcionarios
norteamericanos habían “recomendado” durante los dos años anteriores al
fiscal Alberto Nisman que se concentrara en investigar a los
perpetradores del atentado a la AMIA y que no lo hiciera respecto de los
que cometieron irregularidades en la investigación, es decir Menem,
Galeano, Anzorreguy y Palacios entre otros. El pedido de detención de
esos y otros involucrados en el encubrimiento presentado por el fiscal
el 22 de mayo de 2008, motivó al día siguiente un encuentro reservado
entre el operador político de la DAIA Alfredo Neuburger y miembros de la
embajada de Estados Unidos. Según el cable de Wikileaks, Neuburger les
dijo a los funcionarios que el pedido de procesamiento a Menem y otros
por el encubrimiento es en realidad un intento del gobierno de sacar de
la tapa de los diarios el conflicto con el campo y la inflación, y
transmitió a sus interlocutores en la embajada que la dirigencia de la
DAIA estaba sumamente preocupada por que la causa AMIA fuera nuevamente
usada para dirimir cuestiones domésticas. Las revelaciones del cable de
Wikileaks no deberían causar sorpresa. La actuación de Neuburger como
principal operador político de la DAIA para tratar de impedir que se
investigaran las maniobras irregulares de la causa AMIA arranca desde el
mismo comienzo de las oscuras negociaciones entre Beraja y el
menemismo. Pero sus gestiones se volvieron mucho más necesarias para el
grupo de tareas que propició la historia oficial desde que Néstor
Kirchner resultó electo presidente de la Nación -tras la bochornosa
defección de Menem a la segunda vuelta de la elección- y de inmediato
dio luz verde para avanzar en la investigación del encubrimiento. Con De
la Rúa todo había resultado más fácil, y los dirigentes judíos hasta
habían logrado la remoción de Nilda Garré al frente de la comisión de
seguimiento de las investigaciones del atentado, cuando Garré comenzó a
molestar revisando las irregularidades en la investigación, el
encubrimiento y la pista siria. Pero para desgracia de los seguidores
de Rubén Beraja, en el 2003 la situación cambió: los garantes políticos
del encubrimiento que involucra a la DAIA habían perdido todo poder,
tornándose imprescindible apelar al apoyo y a la presión de factores del
exterior.
La DAIA resolvió entonces llevar su preocupación al
Congreso Judío Mundial. La circunstancia que la flamante primera dama
fuera la senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien integró la
comisión del Congreso nacional de seguimiento de las investigaciones,
con una mirada muy crítica entonces sobre lo actuado por el juez Galeano
y por la propia dirigencia judía, no debe haber tranquilizado al equipo
del titular de DAIA José Hercman, quien poco tiempo antes había
homenajeado al hoy procesado comisario “Fino” Palacios por su
“contribución” con las investigaciones. Así fue que en la reunión del
Ejecutivo del Congreso Judío Mundial realizada el 19 de mayo de 2003 en
Jerusalem, la DAIA estuvo representada por José Hercman y su asesor
político Alfredo Neuburger, el mismo mencionado en los cables de
Wikileaks. En el marco de la sesión plenaria del CJM, la DAIA sostuvo en
su desesperada y falaz presentación: “Con respecto a la investigación y
al juicio por el ataque al del edificio de la AMIA-DAIA en 1994, hay
dos puntos principales que deseamos subrayar: Fuimos víctimas de la peor
masacre de judíos de cualquier parte del mundo desde la Shoá. La Corte
ha determinado, sin duda alguna, que el ataque fue ideado por los más
altos funcionarios del gobierno de Irán, incluyendo su líder espiritual,
Ali Khamenei y al ministro de Inteligencia, Ali Falahian, entre otros,
quienes han utilizado operativos del la organización terrorista
Hezbollah, incluyendo al suicida, y a células fundamentalistas islámicas
dormidas locales junto con policías y civiles corruptos.
(...).Finalmente, en el marco del juicio oral y público en el cual
también se juzga a los encubridores locales, nos preocupa que los tres
jueces estén más avocados “investigando la investigación” que se hizo
previamente, que a buscar la verdad y sancionar a los acusados, cuya
responsabilidad está acreditada. Estamos solicitando a este Cuerpo que
incluya una declaración en su Informe Final, que refleje esta
preocupación. No cesaremos nunca en nuestros esfuerzos por encontrar
toda la verdad y de llevar a todos los responsables a la Corte de
Justicia, cualquiera sea el tiempo que nos tome lograrlo. Es nuestro
deber moral hacia nuestros mártires; contamos con vuestro apoyo” (SIC).
Frente a tan conmovedor pedido de “apoyo” de la “representación política
de la comunidad judía argentina”, el Consejo Ejecutivo del Congreso
Judío Mundial emitió con fecha 19 de mayo de 2003 la siguiente
Resolución: “La responsabilidad de la República Islámica de Irán en la
planificación y ejecución del atentado contra el edificio de la
AMIA-DAIA en 1994, en el cual se perdieron 85 vidas, ha sido
fehacientemente determinada. El Congreso Judío Mundial exhorta a la
comunidad internacional que denuncie y sancione a Irán económica y
políticamente, y desde una perspectiva legal, como un Estado promotor
del terrorismo y de organizaciones terroristas, y que exija que el
Gobierno de Irán se someta a la ley y cumpla con la solicitud de la
justicia, si aspira a ser considerado como un miembro aceptable de la
familia de naciones. El Congreso Judío Mundial comparte la preocupación
de la comunidad judía argentina con respecto al lento avance de la
investigación a cargo del juez de instrucción, así como respecto a la
marcha del juicio oral en curso, que por momentos diluye el principal
objetivo: descubrir la verdad y castigar a los responsables". El objetivo
principal de presionar al Tribunal Oral para no investigar el
encubrimiento fue matizado esta vez con una tibia crítica al juez de
instrucción por el “lento avance”. Igualmente seguirían defendiendo al
juez Galeano hasta su destitución.
En esa misma semana de 2003 en que
la DAIA, con su asesor político Neuburger, en un acto de ilegítima
defensa pedían que no se investigue la investigación, Néstor Kirchner
asumió la presidencia,la SIDE, que estaba bajo la jefatura de Miguel
Ángel Toma, pasaba a ser dirigida por el diputado Sergio Acevedo, quien
junto a las diputadas Carrió y Garré, había sido uno de los impulsores
del intento de juicio político a los miembros de la Corte iniciado en el
2001, entre otros temas, por la no investigación del atentado a la
Embajada. Y mientras la DAIA aún se encontraba distribuyendo la
resolución de “apoyo” a su pedido de no investigar la investigación, a
pedido de la AMIA conducida en ese momento por Abraham Kaúl, Kirchner
firmó el 5 de junio de 2003 un decreto que liberó de secreto los
sumarios internos de la SIDE que habían sido pedidos por el Tribunal
Oral Federal Nº 3.
Paradójicamente, las investigaciones de las
trapisondas de la SIDE habían comenzado cuando el ex prosecretario del
juez Galeano, Claudio Lifschitz, denunció irregularidades gravísimas y
actos de encubrimiento provenientes tanto de los servicios de
inteligencia cuanto del propio juez. Pero la reacción de la DAIA y de la
AMIA en ese momento fue querellar a Lifschitz pidiendo prisión contra
él por “violación de secreto”. Estos son tan sólo algunos de los muchos
jalones en la larga y militante tarea de la DAIA a favor del secreto y
el ocultamiento, accionar del cual los cables de Wikileaks son apenas
una prueba más.¿Llegará la hora en que estos lobistas de intereses
secretos tengan que dar cuenta de su bochornosa actuación?
*Abogado, autor del libro “Brindando sobre los escombros” .
(Publicado en revista "CONVERGENCIA" N° 41 del 15-04-2011)
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