ENTRE LOS ACUSADORES POR EL MEMORANDUM SE ESCONDEN ENCUBRIDORES DEL ATENTADO, como explico en mi libro "La Explosión". Justamente por ello, en el año 2005 el juez Bonadío fue separado de la investigación por su "doble rol de magistrado y de sospechoso":
En “La Explosión" planteo la evidente vinculación entre el tráfico ilegal de armas de Menem a Croacia -y a través de ésta a la Bosnia musulmana- y el encubrimiento del atentado a la AMIA.
Escribió al respecto el periodista Luis Bruschtein en Página/12:
“En ese contexto
se dieron los atentados a la embajada y la AMIA, la voladura de la fábrica
militar de Río Tercero y la muerte de Carlos Menem Jr. Un contexto tan
evidente, con una connotación de enormes riesgos, en el que Argentina se había
convertido en el centro neurálgico de zonas de guerras que conmovían al mundo,
fue absolutamente ignorado en cualquier investigación. El periodista Horacio
Lutzky, que ha investigado con seriedad la voladura de la AMIA, hace algunas de
estas reflexiones en su libro “La explosión”. Esa hipótesis explicaría el
interés del gobierno israelí por ocultar los hechos y la actitud encubridora
por parte de un sector de la colectividad judía referenciada con el gobierno
derechista de ese país. Si los atentados estuvieron conectados con ese escenario
–lo cual es muy probable porque comparten una híperdimensión que excede a los
argentinos– no podía quedar expuesta la participación del Mossad y del gobierno
argentino en esa conspiración bélica internacional y el consecuente
meganegociado de armas”.
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Ese gigantesco y peligroso contrabando de material bélico se llevó a cabo desde Buenos Aires a partir de los últimos meses de 1991 y hasta los primeros de 1995, con la participación de agentes sirios e iraníes, militares argentinos y criminales nazis croatas. Argentina era un actor central en el tráfico clandestino de armas y explosivos hacia la región de los Balcanes, prohibido por las Naciones Unidas. Como parte de los pretendidos esfuerzos de pacificación en la ex Yugoslavia, Argentina envió Cascos Blancos, mientras Estados Unidos se obligaba a garantizar el cumplimiento del embargo de armas, que en realidad necesitaba que fuera violado para apoyar a los croatas en su lucha por independizarse de la República Federal Socialista de Yugoslavia, y acelerar su proceso de desintegración. Proceso que fue inmediatamente respaldado por Alemania, el Vaticano y Argentina, entre los primeros que reconocieron la independencia de Croacia.
En esa guerra en los Balcanes, el arsenal del ejército federal yugoslavo quedó en manos de los serbios que -respaldados por Rusia- pretendían aplastar la secesión. En el otro bando, los croatas contaban con fuerzas policiales y arsenales de menor potencia que comenzaron a robustecerse con el apoyo financiero de la poderosa diáspora croata, que en Argentina mantuvo por décadas un virtual gobierno en el exilio, conformado por buena parte de los nazis ustachas que llegaron al país durante el primer gobierno de Perón. A diferencia de los croatas, los musulmanes bosnios, también asediados por los serbios -y en ocasiones por los propios croatas- carecían de armas y medios de resistencia. Su defensa fue encabezada por Irán, que llamó a los musulmanes del mundo entero a comprometerse en la lucha, y que aportó muchos millones de dólares para la compra de armas para ellos.
Ese operativo contó con el auspicio y el secreto apoyo de los Estados Unidos, que en la zona de los Balcanes incluso habilitó el ingreso de combatientes de Hezbollah para enfrentar a los serbios, tal como fue comprobado por diferentes investigaciones realizadas en años siguientes, que incluso llegaron al Congreso norteamericano..
En esa ruta de las armas, la participación del temible traficante sirio Monzer al Kassar fue central y decisiva. Al Kassar se trasladó a la Argentina, donde funcionarios del gobierno de Menem rápidamente falsificaron antecedentes, ocultaron su grueso prontuario criminal y vinculado al terrorismo, y le otorgaron un falaz certificado de residencia, documentos y pasaporte argentinos. En esa maniobra fue determinante la actuación de la Secretaría de Población que bajo gobierno de Menem dependía entonces del funcionario Germán Moldes, hoy "casualmente" fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, con potestades sobre el futuro de la causa AMIA y sus causas colaterales por encubrimiento. En 1994, tras el atentado a la AMIA Moldes, íntimo del entonces jefe de la SIDE y gestor del encubrimiento Hugo Anzorreguy, fue designado por el gobierno fiscal "ad hoc" para la causa AMIA.
Al Kassar estaba directamente ligado a las principales figuras del gobierno de Siria, incluyendo su presidente Haffez Al Assad, y tenía parentesco político con la familia Menem, con la que compartía lugar de nacimiento al igual que con los Yoma, la familia de la esposa de Menem: el pueblo sirio Yabroud. Amira Yoma, la cuñada presidencial, además de su trato íntimo con Al Kassar, vino a la Argentina de la mano de su fugaz esposo, el coronel de inteligencia sirio Ibrahim al Ibrahim, quien fue designado por Menem al frente de la estratégica Aduana de Buenos Aires, pese a que prácticamente no hablaba castellano.
Al Kassar se convirtió en representante del gobierno de Menem para la venta de armas. Las destinadas a Croacia y Bosnia, se acumulaban en contenedores con miles de toneladas, principalmente en el puerto de Buenos Aires. Funcionarios iraníes y croatas compartieron domicilio en las oficinas de la agencia marítima Turner en el microcentro porteño, encargada por el gobierno de los papeleos para los sigilosos despachos clandestinos.
Además, y tal como revelé en "La Explosión", para canalizar estos emprendimientos, en setiembre de 1992 se constituyó la sociedad Arbalka S.A. (no cuesta imaginar que el nombre surge de unir Argentina + Balkanes). Era presidida por el ministro del Interior bosnio musulmán Alija Delimustafic, acompañado por un abogado croata y dos militares argentinos, ambos ex miembros del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército.
El contrabando de armas que interesaba a Estados Unidos -y también a socios como Israel- era instrumentado por el gobierno de Menem mediante el dictado de decretos secretos que falseaban el destino final de las armas. El Secretario de Legal y Técnica del Gobierno de Menem a principios de los 90 -antes de ser ministro del Interior- era Carlos Corach. El Subsecretario y mano derecha de Corach era Claudio Bonadío, hoy Juez Federal. Parece difícil que Bonadío tenga interés en investigar el desempeño de Corach, y el suyo propio. De hecho, la Cámara Federal lo separó de la causa AMIA en noviembre de 2005 por haber protegido a Corach, quien se encuentra imputado con relación a los U$400.000 de soborno pagados por el juez Galeano y la SIDE al entonces preso Carlos Telleldín para comprarle una declaración falsa y desviar las investigaciones. "La Nación" refirió entonces que "le reprocharon falta de imparcialidad y haber mantenido un doble rol de magistrado y sospechoso", y que Bonadío debió haberse apartado al ser imputado Corach. "Bonadío fue asesor de Corach del 19/9/90 al 8/9/92 y su subsecretario de Asuntos Legales, del 8/9/92 a 30/6/94, pero, al ser requerido, sólo hizo una indicación genérica de sus antecedentes laborales en el Gobierno".
Mientras en los 90 el gobierno de Menem, Corach, Bonadío y Moldes diseñaba los instrumentos legales que encubrirían el tráfico de armas supervisado por sirios e iraníes, a 100 metros de donde se acumulaba el material bélico en la terminal 6 de la dársena "F"del puerto, se encontraba el depósito de volquetes de un libanés, minero y experto en explosivos y demoliciones: Volquetes "Santa Rita", de Nassib Haddad.
El libanés Haddad -con ciudadanía argentina- nació en una minúscula aldea en la que también vivió el líder espiritual de la "guerra santa" de Hezbollah contra Israel y los "cruzados", el muy venerado jeque Fadlallah. Según algunas versiones, este libanés experto en explosivos era además primo de Fadlallah. Aunque no fuera pariente directo, en la minúscula aldea libanesa de Ayn Ata, su puñado de habitantes formaba prácticamente una sola familia.
En sus sermones, Fadlallah reivindicó el atentado contra la embajada de Israel en Argentina. Y prometió otro golpe similar, meses antes del atentado a la AMIA. Justo para la época en que los camiones de su ex vecino Nassib Haddad proveían el servicio de volquetes a la AMIA, que se encontraba en refacciones. Haddad, además, venía realizando desde meses antes compras de miles de kilos de explosivos y detonadores, para aplicar en una cantera para un dique en el Interior. Uno de sus volquetes fue dejado en la puerta de la AMIA unos 4 o 5 minutos antes de las explosiones que demolieron la sede de la mutual judía. El camión de "Santa Rita", había hecho además una parada en un baldío que usaba un allegado a Menem, de origen sirio, Alberto Kanoore Edul, quien en su agenda tenía el teléfono del agregado cultural iraní Mohsen Rabbani, y a quien también se le detectó una llamada al reducidor de autos Carlos Telleldín.
Continuar la investigación en esa dirección y sobre el posible origen de los explosivos en la red de tráfico de armas hubiese llevado a profundizar la pesquisa sobre la zona prohibida del puerto, y sobre los tratos secretos con sirios, iraníes y croatas, dejando a la intemperie y en flagrante ilegalidad al gobierno de Menem, así como a sus auspiciantes internacionales. Además, definir a favor la guerra en los Balcanes era "más importante", y el operativo de contrabando de armas debía proseguir sin interferencias ni temores, tal como muestro en la detallada cronología incluida en "La Explosión".
Comenzaría entonces rápidamente el encubrimiento, plantándose pruebas y eliminándose un gran número de evidencias del modo real de ocurrencia del atentado en el lugar de los hechos, mientras se iba reacondicionando la zona caliente del puerto, para retomar el contrabando. Dejando entonces a Irán como autor mediato, pero tapando toda participación siria y local, por los lazos con Menem, por la complacencia con Al Kassar y el tráfico de armas, y por la geopolítica de Medio Oriente, que apostaba a un inminente tratado de paz con Siria y que -a una semana del atentado- con participación norteamericana ya había logrado un acuerdo de paz entre Jordania e Israel, rubricado en Washington.
Por estos días, sigue el juicio por el encubrimiento de la "pista siria" y el desvío de la causa mediante el pago con fondos de la SIDE de una coima de más de U$400.000 a Telleldín con la que le compraron una declaración falsa. Con nula cobertura mediática, y presiones del gobierno de Macri para neutralizar el proceso primero, y ahora para disminuir la más posible el peso del fallo a dictarse próximamente.
Paralelamente Claudio Bonadío, el ex asistente de Corach y juez removido para intervenir en la causa AMIA por su falta de imparcialidad, junto al fiscal Moldes seguirá buscando encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner bajo acusación de encubrimiento del atentado a la AMIA por el nunca ejecutado memorándum con Irán. Los sospechosos se han convertido en acusadores. Algunos, como Corach y Bonadío, fueron denunciados por el mismo fiscal Nisman por amenazas supuestamente efectuadas para que el fiscal no osara investigar en una dirección que pudiera llegar a afectarlos. Esa misma dirección que ha sido frenada y clausurada en base a una palabra repetida como un mantra, multiplicada exponencialmente por todos los medios, sin dejar lugar a nada más: memorándum, memorándum, memorándum...
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