HACIA UN JUICIO ÉTICO

NOTA PUBLICADA EN REVISTA CONVERGENCIA nº 58, de Julio 2015.   La revista puede DESCARGARSE AQUÍ

                                                                         por Horacio Lutzky*

El 6 de agosto de 2015, ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, debe dar inicio el demorado juicio oral por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Su seguimiento y análisis puede y debe hacerse desde dos puntos de vista, no siempre coincidentes. El primero de ellos, el jurídico, atado a necesarias formalidades y a la preservación del principio de inocencia, pero también a recursos dilatorios, postergaciones, y trampas burocráticas que consiguen la dilución o directa extinción de las acusaciones por el mero paso del tiempo. Así por ejemplo ocurrió con el hermano del ex presidente Carlos Menem, Munir Menem, quien se encontraba procesado por su intervención central en la protección del empresario sirio Alberto Kanoore Edul y la obstrucción de la llamada “pista siria”, pero murió en noviembre de 2010 sin condena. El otro plano es el político, ético e histórico, del cual surgirá una contundente pintura de una época trágica para la Argentina, y para su comunidad judía en particular. 

En el primer aspecto cabe señalar que el inminente juicio oral tratará sobre buena parte de las maniobras de ocultamiento (no todas) mediante las cuales poderosos miembros del gobierno de Menem con la participación de funcionarios judiciales, de inteligencia nacional y extranjera y policía federal, más el entusiasta acompañamiento del establishment de la comunidad judía, desviaron intencionadamente la investigación y protegieron a personajes muy cercanos a la familia presidencial. Dos facetas del encubrimiento serán juzgadas: el ocultamiento de la pista siria, y el armado de la pista falsa de los policías bonaerenses mediante el pago de un soborno de más de U$400.000 a Telleldín. Quedan por ahora afuera otros hechos vinculados como, por ejemplo, los “aprietes” del ex comisario -y asesor del ex titular de la DAIA Rubén Beraja- Luis Vicat a los detenidos Huici, Barreda y Araya para que dijeran haber visto una camioneta Trafic en determinado tiempo y lugar, aportando con ello a la historia oficial. Vicat se encontraba procesado por “extorsión”, pero la Cámara consideró que se lo debe indagar por “coacción”. Juan José Galeano –en aquél entonces titular del Juzgado Federal n° 9-, Eamon Mullen –ex titular de la Fiscalía Federal n° 9-, José Carlos Barbaccia –ex Fiscal adjunto de la Fiscalía Federal n° 9-, Hugo Anzorreguy –ex titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado-, Patricio Finnen –ex agente de inteligencia de la SIDE-, Carlos Alberto Telleldín -último poseedor del motor cuyo fragmento numerado apareció entre los escombros de AMIA-, Ana María Boragni –pareja de Telleldín al momento de los hechos-, Víctor Stinfale –abogado defensor de Telleldín- y Rubén Ezra Beraja –ex titular de la DAIA-, serán juzgados con relación al soborno pagado a Telleldín para comprarle una declaración falsa. Se les suman Carlos Menem –Presidente de la República Argentina entre 1989 y 1999-, Juan Carlos Anchézar –ex subdirector de la SIDE-, Jorge Alberto Palacios –ex Comisario Mayor de la P.F.A-. y Carlos Castañeda –ex Comisario de la P.F.A.-, con relación al encubrimiento de Kanoore Edul y en sentido amplio de la pista sirio-iraní-local. Hasta aquí lo formal, que transcurrirá por los enrevesados meandros de la Justicia, con sus méritos y avances de los últimos años en la causas por crímenes de lesa humanidad, pero también con sus limitaciones frente a procesos complejos. No menos relevante que el resultado del proceso judicial es el juicio ético y moral sobre la desgraciada actuación de la dirigencia comunitaria desde los atentados y hasta la actualidad, evaluación de necesidad insoslayable. En este punto, nadie se sorprenderá si adelantamos la conclusión: la mayoría de los dirigentes judíos traicionó a su comunidad y, guiados por otros intereses, operaron a favor del encubrimiento y la impunidad. Son parte del problema, no de la solución. Y, hasta tanto efectúen una profundísima autocrí- tica de lo actuado y un repudio del contubernio protagonizado por las anteriores gestiones, carecen de toda legitimidad para encabezar cualquier reclamo de justicia y para hablar en nombre de una colectividad agraviada con su conducta. En cuanta oportunidad surgió alguna chance de avanzar a fondo en búsqueda de la verdad, los dirigentes de DAIA seguidos por la AMIA y por el plantel 6 de abogados se alinearon sistemáticamente en defensa del secreto y de los encubridores. Los ejemplos son muchísimos, demasiados, y no alcanzarían las páginas de esta edición para referirlos. Mencionemos aquí, a vuelo de pájaro y solo por su enunciado, apenas algunos episodios paradigmáticos: • cuando estaba por conocerse el video donde se apreciaba al juez Galeano negociando con Telleldín el soborno y las fotos que a cambio tendría que reconocer, quien presionó a los medios para que no lo difundieran fue Beraja; • cuando el prosecretario del juez Galeano, Claudio Lifschitz, reveló cómo el juez y el gobierno de Menem habían ocultado pruebas y decidido plantar la pista falsa de los policías bonaerenses, quien lo querelló por “violación de secretos” fue la querella AMIADAIA; • cuando en el juicio ante el TOF 3, que analizó la vergonzosa instrucción de la causa por Galeano, el tribunal reclamó que se levantara la obligación de secreto y se autorizara a declarar a los agentes de la SIDE respecto del pago ilegal a Telleldín (negado por la DAIA), quien se opuso fue la abogada de la DAIA (y de Beraja). Según el auto de procesamiento, Beraja brindó su apoyo al trato con Telleldín. Una de las primeras medidas que dispuso Néstor Kirchner tras asumir el gobierno fue disponer por decreto el levantamiento del secreto de los agentes de la SIDE convocados a declarar, probándose así el pago ilegal, para disgusto de la DAIA y sus abogados; • cuando en noviembre de 2001 estaban por declarar los policías federales que el 18 de julio de 1994 dejaron como zona liberada la sede de la AMIA, la DAIA para reconfortarlos entregó una placa de homenaje a la Policía Federal por “la tarea de investigación realizada con respecto a los atentados terroristas contra la embajada de Israel y la AMIA”, con la presencia de los después procesados comisarios Palacios y Santos; • cuando la entonces Secretaria para el seguimiento de las investigaciones Nilda Garré pidió investigar el “encubrimiento del menemismo” e ir por la pista siria, el titular de la DAIA José Hercman acordó con los fiscales Müllen, Barbaccia y Nisman que éstos denunciarían a la funcionaria -con un motivo falso-, reclamando y obteniendo Hercman su inmediata remoción por parte del complaciente presidente De la Rúa; • cuando en diciembre de 2009 el juez Ariel Lijo corrió vista a las querellas para que acusen a los imputados por el encubrimiento, la querella AMIA-DAIA trastocó su papel asumiendo el carácter de defensora del imputado Beraja, y expresando que la acusación es equivalente al libelo antisemita sobre “una conspiración internacional del pueblo judío para dominar el mundo”. Los presidentes de AMIA y DAIA (Guillermo Borger y Aldo Donzis) con el patrocinio del Dr. Miguel Angel Zechin expresaron “que hoy esté sometido a proceso es un dislate para el que nos faltan calificativos”. “En calumnias como ésta han abrevado los más acérrimos antisemitas en el mundo entero”. Sugestivamente, asumieron que “junto con él, se arrastra en tal acusación a toda la dirigencia comunitaria de aquélla época”, que por lo visto aún sigue siendo de esta época. Luego, calificaron de “desvergonzada” la acusación contra Beraja, señalando que ella obedece a la voluntad de transformar a la víctima en victimario, dentro de la “fantasía” de la existencia de un complot encubridor. Nada más alejado de la realidad, dijeron Borger y Donzis en su presentación ante la Justicia. • cuando comenzó el proceso de destitución en juicio político del juez Galeano, sus testigos a favor fueron dirigentes de DAIA; • cuando el intendente porteño Mauricio Macri propuso como jefe de la Policía Metropolitana al comisario “Fino” Palacios -actualmente procesado por encubrimiento y a punto de ir a juicio oral- sus más fervorosos apologistas fueron los ex presidentes de DAIA Jorge Kirszenbaum y José Hercman y el ex vicepresidente Roberto Zaidemberg. Podríamos seguir con muchos otros episodios, o analizar la larguísima historia de intereses contrapuestos de dirigentes y algunos abogados de la querella oficial, representando a víctimas de los atentados y manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos sociales, políticos, comerciales o profesionales, con sospechosos de formar parte de la trama del encubrimiento. La conclusión debería ser escandalosamente evidente: principios elementales de decoro, prudencia y sentido común indican que las entidades DAIA y AMIA no ostentan legitimidad moral para representar y hablar en nombre de las víctimas del brutal atentado. No, al menos, hasta que corrijan el rumbo, repudien la herencia de los 90 y comiencen sin ninguna demora la más profunda evaluación y autocrítica sobre su actuación y su innegable cuota de responsabilidad en la impunidad que aún hoy subsiste.

 * Periodista y abogado. Autor del libro “Brindando sobre los Escombros”