Desde 1994, la
dirigencia de la comunidad judía mantiene un cerrado pacto de silencio y una
pertinaz negativa a revisar su responsabilidad en el silenciamiento de lo
ocurrido en la masacre de la AMIA.
La DAIA, con Beraja a la cabeza y sus principales abogados,
acompañaron desde inicio las maniobras de encubrimiento, que no se limitaron
al pago de un soborno de más de
U$400.000 a un preso -Carlos Alberto
Telleldín- para obtener de él una
declaración falsa con la cual desviar la investigación hacia un grupo de
corruptos policías bonaerenses ajenos al atentado. Los encubridores necesitaban que
declarara que entregó la fantasmal Trafic-bomba a cualquiera que alejara la
pesquisa de la pista siria, local y federal,
y de preguntas incómodas sobre el tráfico de armas.
Es imprescindible recordar cómo sucedió, y cómo fueron desoídas algunas advertencias:
Así fue que, el
primer intento -antes de la coima pagada para culpar a los policías
bonaerenses- se perpetró en los primeros meses de 1995,
un año antes de la consumación del soborno, cuando le ofrecieron a
Telleldín un millón de dólares, pero en
ese momento a cambio de que culpara a unos libaneses detenidos en
Paraguay.
Esa turbia gestión,
que no prosperó, fue encabezada
con el aval del gobierno y del juez Galeano por el militar genocida Héctor
Vergés, colaborador de la SIDE, luego
condenado por torturas, homicidios y otros delitos de lesa humanidad cometidos
en la dictadura como jefe del campo de concentración cordobés La Perla. Vergés era acompañado por el agente de la
SIDE Daniel Romero, chofer del jefe de
los espías Hugo Anzorreguy (ya condendado por gravísimas maniobras de
encubrimiento del atentado). Según explicó la fiscalía en el juicio por
el verdadero encubrimiento (“AMIA 2”), el espía Romero se reunió a
hablar del tema con Beraja en las oficinas del Banco Mayo. Fueron varios los represores, incluso abiertamente nazis, los que asesoraron a los dirigentes
judíos.
Vergés le ofreció el dinero a Telleldín en nombre del
gobierno nacional de entonces, como quedó registrado en una escucha telefónica
de las que no se alcanzaron a destruir.
Ese encubrimiento en marcha fue prematuramente denunciado en
Estados Unidos por el rabino norteamericano Avi Weiss, quien fue desautorizado en sus alertas por el
titular de la DAIA Rubén Beraja. El
28 de setiembre de 1995 tuvo lugar una audiencia sobre el atentado a la AMIA en
el Congreso de los Estados Unidos en Washington, donde Weiss afirmó:
“Es mi convicción que
el gobierno de Argentina está desviando la investigación y llevando a cabo un
encubrimiento. Esta conclusión no es una
mera especulación”.
Así comenzó Weiss,
explicando los lazos de Menem con el terrorista sirio Monzer Al
Kassar, y circunstancias concretas, como la ausencia de los policías que debían
custodiar tanto la Embajada como la AMIA,
el desoimiento de advertencias previas,
y el interés de dejar afuera de la investigación a los sirios. Dijo que el juez Galeano estaba desviando la
investigación, y consumando el
encubrimiento bajo órdenes de Menem.
Weiss refirió en esa audiencia de setiembre de 1995 el primer vergonzoso
intento de soborno a Telleldín, cuando
aún no se había consumado el segundo:
contó a los congresistas norteamericanos que Vergez, el represor vinculado a la SIDE, le había ofrecido al doblador de autos un
millón de pesos-dólares y su libertad a cambio de culpar falsamente a unos
libaneses detenidos en Paraguay. Beraja
replicó descalificando por completo esas denuncias, respaldando al juez, a la SIDE y al presidente Menem, y sosteniendo que el atentado estaba
prácticamente esclarecido.
Con el apoyo mediático y del establishment comunitario al
patético juez Galeano y al menemismo,
poco después del fracaso del primer intento de compra de su declaración
para cerrar la causa mediante una falsa acusación a los libaneses de
Paraguay, Telleldín se entrevistó en el
juzgado con un tal Eldad Gaffner, a partir de un pedido que lleva el sello de
la Procuración General del Estado de Israel.
El motivo alegado: obtener
cooperación de Telleldín para el esclarecimiento de atentados terroristas
cometidos... en Israel!. Tuvieron tres
encuentros reservados, de cuyo contenido
no quedó constancia, en absoluta
violación a las normas locales. El
enviado, que hablaba perfecto castellano
y "parecía un abogado más",
según lo reconstruido por diversos elementos probatorios, le habría
ofrecido a Telleldín trabajar para el Mossad a cambio de un sueldo, en lo que constituyó el segundo intento de
soborno. Pero por diversas
razones, Telleldín se asustó y en esa
ocasión no aceptó.
En el juicio por el verdadero encubrimiento –que el público
argentino no pudo ver ni leer- la
fiscalía reconstruyó el trayecto previo a la exitosa concreción del soborno a
Telleldín para obtener la declaración falsa con la que se desvió la
investigación por casi una década.
Ese trayecto incluyó varias reuniones. Según se detalló, en una de ellas -entre Telleldín,
Beraja, el dirigente de DAIA y abogado
Cichowolski y el abogado de la AMIA Dobniewski- Beraja le dijo al preso Telleldín "que
haga lo que tiene que hacer y se vaya a la casa" . Galeano en connivencia con Anzorreguy había
decidido pagarle U$400.000 a Telleldín con fondos reservados (más U$5.000 por
mes por un año y medio). El ex prosecretario de Galeano Claudio Lipschitz refirió
que Beraja estaba al tanto del pago que se realizaría a Telleldín. Diversos testigos, entre ellos varios
funcionarios o empleados judiciales, declararon que Galeano le exhibió a Beraja
el video que el ex juez había grabado en secreto de su negociación con Telleldín,
previa al pago.
En el juicio, Beraja no aceptó responder preguntas de la
fiscalía (ni de las querellas). En sus
monólogos, hizo alusión a sus encuentros con gobernadores, jefes policiales mandatarios extranjeros y
una serie de personas muy importantes del país y del Exterior. Justamente por ello Galeano lo había
considerado una pieza necesaria para la maniobra a realizarse. “De estar en desacuerdo con esa maniobra
tenía el poder suficiente para desbaratarla”, señaló el fiscal, recordando además que Telleldín condicionaba su aceptación al aval de
Beraja.
Tiempo después de perpetrada la maniobra, el video del juez Galeano negociando la coima
con Telleldín fue robado. Los
involucrados en el pago a Telleldín entraron en pánico ante su posible difusión
pública. Beraja entonces apoyó a
Galeano. En Comodoro Py, “se reunieron todos, estaban Beraja, Corach…”.
“Hay un compromiso de que nadie va a pasar la cinta”, le decía Telleldín a su mujer en audios que
fueron rescatados. El titular de la DAIA
se comunicó con varias redacciones para pedir que no se divulgue. No obstante, finalmente el escandaloso
video se divulgó en un programa de Lanata en 1997. Aún así,
tuvieron que pasar varios AÑOS más hasta que se anularon esas estafas
procesales realizadas a partir del pago ilegal. Mientras tanto, los pocos resabios de verdad que quizás
podrían aún rastrearse, terminaron de
desintegrarse por el paso del tiempo,
con el silencio o la complicidad de muchos.
Hace un año, un
tribunal oral federal (T.O.F 2, alejado de cualquier sospecha de kirchnerismo o
populismo), después de pasar meses y
meses escuchando testigos, acusados y acusadores y de revisar documentación
escandalosa, con el control de los
querellantes, no pudo más que sentenciar que estos y otros repugnantes hechos analizados, que tuvieron como objetivo
y resultado el encubrimiento del atentado a la AMIA, constituían “graves violaciones a los
derechos humanos”. Y constataron que se
encubrió intencionadamente la llamada “pista siria” (que no elimina la iraní,
ni la intervención de otros mercenarios locales). En esa necesidad de encubrir, se destruyeron todo tipo de evidencias.
No obstante, en una
lamentable solución de compromiso, el
tribunal evitó que las responsabilidades lleguen a los mandantes políticos. Dispuso bajas penas de prisión a la mayoría
de los acusados, dejando fuera de la
condena a Menem y al ex titular de la DAIA,
en un fallo que se encuentra apelado. Según los tiempos tribunalicios,
probablemente la biología humana extinguirá la mayoría de las imputaciones.
Entretanto, el aparato mediático judicial con su dispositivo
dirigencial comunitario habrá logrado enterrar definitivamente la causa AMIA y
la verdad de lo ocurrido en lo trágicos años 90.
Fuera de lo judicial y su lógica perversa, a nadie parece sorprender la
nula disposición de revisión y discusión de estos hechos, por parte de instituciones que siguen
enarbolando la pretensión de ser representativas de la comunidad judía, a lo largo de un cuarto de siglo. Su silencio y ausencia de
autocrítica (cuando no su abierto y
ferviente aval) las involucra.
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