El 17 de marzo de 1992 un atentado terrorista demolió la sede de la embajada de Israel en la Argentina en pleno centro de Buenos Aires, causando la muerte de al menos 22 personas identificadas, secuelas y heridas de todo tipo a varios cientos, y devastación y enormes daños materiales en edificios y bienes de los alrededores. Incluyendo una iglesia católica y un asilo de ancianos, en los cuales también se registraron víctimas fatales. El análisis del expediente, al que tuve acceso, pone en evidencia el total desinterés oficial en el caso, hasta que se produce el segundo atentado y aún después. La ausencia de investigación constituyó un aliciente y una garantía para los terroristas: para el posterior ataque a la AMIA, el estilo se perfeccionó con el armado de la infame “historia oficial”.
La bochornosa mayoría automática menemista en la Corte, encabezada por un ex integrante del estudio jurídico de los hermanos Menem en La Rioja, fue finalmente expulsada del Tribunal por el procedimiento de juicio político puesto en marcha en cadena nacional por el presidente Néstor Kirchner. Una de las causas más escandalosas para destituir a esos jueces era el caso Embajada, de cuyo examen participé como asesor ad honorem en ocasión del primer intento de juicio político en tiempos de la presidencia provisional de Duhalde, proceso que entonces fue frenado por las presiones cuasi extorsivas de los cortesanos, y que sólo prosperó el año siguiente, con el nuevo gobierno.
Como consecuencia de la primera masacre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a sustanciar la causa caratulada “S-143/92 s/ Sumario Instruido en la Cría. 15ª. Por averiguación de los delitos de explosión, homicidio, lesiones calificadas y daños (arts. 186, 80 incs. 4º y 5º, 92 y 183 del Código Penal) con motivo del atentado a la Embajada de Israel el 17 de marzo de
La Corte se avocó al conocimiento de la causa de conformidad con lo prescrito por el artículo 117 de la Constitución Nacional (antiguo artículo 101). El 19 de marzo, por acordada 4/87 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Pleno del tribunal delegó las facultades instructorias en Ricardo Levene, por entonces su presidente.
LA INACTIVIDAD INVESTIGATIVA.
Fuera de la inicial sorpresa por la ocurrencia de un crimen de estas características en nuestro país, la compulsa de las reservadísimas actuaciones asombró por la absoluta inactividad a lo largo de meses y años por parte de la Corte, ante el más grave atentado terrorista ocurrido hasta entonces en la Argentina. Más aún: sistemáticamente habían sido rechazadas una y otra vez medidas probatorias elementales solicitadas por querellantes particulares, con un terminante “no ha lugar” por toda fundamentación, limitándose la actividad instructoria al agregado asistemático y desordenado de constancias de daños materiales y trámites diversos al modo de un leve siniestro de automotores, sin ninguna actividad encaminada a determinar la autoría y exacta forma de comisión del crimen múltiple.
Numerosas pistas que podrían esconder información esencial acerca del modo de comisión del tremendo atentado terrorista, fueron ignoradas o impulsadas en forma inexcusablemente tardía y superficial, y fueron denegadas medidas que se debieron tomar incluso de oficio si se pretendía llegar a la verdad.
Así por ejemplo, durante los años 1993, 1994 y 1995 se advierte la cerrada negativa a elementales medidas probatorias solicitadas por la querella o incluso por el Procurador General, tendientes a profundizar la investigación en torno a la irregular y extraña actuación de las custodias policiales -circunstancia reiterada en el atentado contra la sede de la A.M.I.A. - , o en cuanto a los vínculos de las personas vinculadas a los trabajos de remodelación de la sede diplomática. E, incomprensiblemente, no lo hizo mediante resoluciones fundadas que permitieran apreciar la razonabilidad de tan definitorias decisiones abortivas, sino mediante un escueto y lacónico “no ha lugar”.
ZONA LIBERADA JUDICIAL
Pese a que tanto la actividad de las custodias como todo lo relativo a los movimientos generados por las tareas de refacción interna de la sede diplomática eran supuestas líneas de acción investigativa, la realidad es que tanto en uno como en otro aspecto existió por parte de la Corte un enorme e injustificable grado de morosidad cuando no de franca inacción y actitud obstruccionista.
La querella actuante por una víctima familiar y el propio Procurador General efectuaron numerosos pedidos que fueron desestimados infundadamente, para ser en algunos casos concedidos varios años después, tras el segundo atentado.
Por ejemplo, por resolución de fecha 25 de junio de 1993 se rechaza el pedido de citación de los agentes preventores que participaron en tareas de remoción y rescate, y otras numerosas medidas más, solicitadas por un querellante con fecha 19 de marzo de 1993 (fs. 4044/57). Previo a ello, con fecha 3 de junio de 1993 el Dr. Alfredo Blanco por la querella había solicitado un “Pronto Despacho” respecto de peticiones formuladas varios meses antes, que aún se encontraban durmiendo sin proveer. En esa misma sintonía encubridora, a fs. 4142 se solicitó prueba informativa respecto de las instrucciones a los custodios, a lo cual la Corte no hizo lugar.
Habiendo transcurrido dos años desde el atentado (pero antes del atentado a la AMIA) un querellante pArticular interpuso recurso de revocatoria contra la denegatoria de las diversas medidas que solicitó. A tales fines, y tal como consta en el expediente, la parte realizó una llamativa constatación mediante escribano público para consignar la presentación del escrito y el respectivo cargo. La querella se preguntaba allí: “¿Qué motiva la descalificación , o en el mejor de los supuestos el cercenamiento de los derechos de la querella a efectivizar su testimonio sobre hechos y circunstancias vinculadas estrechamente con el ilícito que conmovió la opinión pública del país?. Solicitan los causahabientes de las víctimas y la comunidad en general un pronunciamiento razonado y elaborado de estas inquietudes que se plantean...”.
Seguidamente, nos encontramos con otra típica resolución de la Corte, de fecha 6 de mayo de 1994, que por toda respuesta expresa: “en cuanto a los recursos del querellante Blanco, no ha lugar”.
La actividad investigativa sobre la participación local y la forma de perpetración del terrible ataque homicida era virtualmente inexistente, mientras es evidente que ya se encontraban en marcha los preparativos para el atentado contra la AMIA que se llevaría a cabo dos meses después.
De igual modo, aquellas pistas que fueron de algún modo apenas abordadas -las relativas al factor internacional- se limitaron a una recopilación de elementos dispersos y difusos, sin profundización ni iniciativa alguna por parte de los magistrados tendiente a acreditar la responsabilidad intelectual y de orquestación del ataque.
La impunidad de la masacre de la embajada de Israel, y el éxito en el ocultamiento de la verdad, no fueron ignorados por el terrorismo que volvió a golpear en pleno centro de Buenos Aires, causando la muerte de 85 personas, contra un centro comunitario judío que también se encontraba en refacciones y con la custodia de la policía federal sugestivamente relajada.
LAS AUSENCIAS POLICIALES
Se encuentra probada en la causa la ausencia, en el momento del hecho, de la custodia policial que tenía obligación de permanencia junto a la entrada de la Embajada. El agente Ojeda se retiró a las 14,15 horas del 17 de marzo de 1992, sin esperar su reemplazo como era su obligación. El agente Chiocchio no concurrió a las 14,00 horas como también era su obligación, ni arribó al lugar cuando cuarenta y siete minutos después ocurre la explosión porque, según dijo, se quedó arreglando una caballeriza. No se le instruyó ningún sumario, aunque finalmente, años después, la autoridad policial informó que se le aplicó una “sanción directa” de arresto. Al agente Ojeda no se le instruyó sumario alguno ni se le aplicó sanción.
Tampoco estuvieron en su lugar los agentes del móvil policial de la comisaría 15 , dependencia que a su vez fue la encargada de instruir las primeras actuaciones para el expediente tras el atentado. Los agentes Soto, Acha y Laciar, tenían la obligación de solucionar la ausencia de custodia en la puerta de la embajada, pero desviaron su marcha y se fueron del lugar dejándola desguarnecida. E incurrieron en contradicciones que debieron haber motivado a la Corte a impulsar una investigación rápida y profunda.
Sin embargo, esta indagación se diluyó en una absoluta y grave inoperancia.
A manera de ejemplo, baste con señalar que el efectivo Miguel Laciar, chofer del móvil de la comisaría 15 que abandonó su misión ante la embajada por un llamado del Comando Radioeléctrico -motivado en una diligencia confusa, cuyo horario se reveló falso- , recién fue llamado a declarar por primera vez el 26 de diciembre de 1996 (fs. 4758/9), es decir cuatro años y nueve meses después de ocurrido el atentado.
Lo cierto es que a las 14,47 horas del 17 de marzo de 1992, la custodia policial desapareció, y esta circunstancia no era de interés para la Corte, ni para la representación diplomática atacada que nada solicitó al respecto. Hasta que el 18 de julio de 1994 se produjo un atentado terrorista más devastador aún. A pesar del trágico antecedente y de advertencias previas, tampoco los efectivos policiales custodiaron el objetivo asignado.
El ESTALLIDO
Hasta el mes de diciembre de 1999 la Corte nunca emitió una resolución en la que estableciera dónde y cómo se produjo el estallido que provocó el derrumbe de la embajada de Israel en Buenos Aires. Los primeros años de instrucción demuestran un notable desinterés del Tribunal por dilucidar lo ocurrido y estructurar las pruebas recabadas o acercadas por organismos especializados, y por activar probanzas que eran indicadas por el más simple sentido común. Es visible la absoluta falta de iniciativa para impulsar elementales medidas probatorias, tales como las centenares de declaraciones testimoniales producidas sólo a partir de finales de 1997 y a lo largo de 1998 y 1999 que -recién entonces- permitieron incorporar pruebas razonablemente ciertas acerca del cráter externo dejado por la explosión, de la fuente de agua proveniente del mismo e incluso de restos de rodado secuestrados en la oquedad. Sin perjuicio de que no pueda descartarse por completo la concomitante acción de alguna carga disimulada en los materiales de construcción.
La actitud desaprensiva y reticente de la Corte, cerrando durante años la posibilidad de incorporar el testimonio directo de cientos de testigos fundamentales, además de frustrar toda posibilidad de rápido esclarecimiento de los mecanismos locales de actuación y consiguiente prevención de futura reiteración de similares actos terroristas, dio pábulo a toda clase de versiones maliciosas (como la típicamente nazi de una pretendida autoría “judía” o en este caso “israelí” del atentado) y a un enorme desánimo en quienes esperaban el accionar de la Justicia en busca de los criminales.
Una gran cantidad de bomberos, policías, miembros de Defensa Civil, personal de Obras Sanitarias, de Edenor, vecinos, personal de limpieza y desagüe, ingenieros, entre otros, presentaron un claro panorama del escenario de la catástrofe y del lugar de la explosión recién en los años 1998 y 1999, a más de seis años de ocurridos los hechos. La citación del personal que participó de las tareas de remoción y rescate había sido solicitada por la querella, entre varias otras oportunidades, en marzo de 1993, siendo en ese entonces rechazada por el tribunal. En el interín, se perdieron para siempre los rastros de diversas pistas tanto locales como internacionales.
AÑOS DE INACTIVIDAD
La incomprensible y reiterada actitud obstruccionista evidenciada en particular por el juez Ricardo Levene, y hecha suya por el Tribunal, queda expuesta con nitidez en el libro del ministro de la Corte Carlos S. FAYT “Criminalidad del Terrorismo Sagrado -El atentado a la Embajada de Israel en Argentina-“, Ed. Universitaria de La Plata, Noviembre de 2001, que pretendió justificar la actuación del Tribunal, cuando era inminente la promoción de juicio político a sus miembros. Libro que se ocupó de hacernos llegar a diputados y voluntarios que entonces nos apersonamos en la Corte. En el cuadro obrante en la página 262 de la obra citada, que bajo el título “Cuadro de Autoridades en las Diferentes Etapas de la Investigación”, con relación a la causa consigna “Fechas”, “Composición C.S.J.N.”, “Ministro a Cargo”, “Instructor”, “Fojas”, “Testigos” y “Pericias”, puede advertirse que al producirse el atentado a la AMIA en 1994, la investigación del atentado anterior se encontraba virtualmente congelada: el tramo II, que el Dr. Fayt extiende desde el 31 de marzo de 1993 hasta el 29 de marzo de 1994 muestra que en todo el año se tomaron sólo dos testimoniales, permaneciendo en blanco el rubro “pericias”. En cuanto a las fojas, se consigna en el cuadro que en el período considerado fueron de
Es decir, siendo que el Tribunal no había determinado absolutamente nada sobre este crimen terrorista, en todo un año se avino a recibir la declaración de sólo dos testigos.
Por contraste resalta el último tramo del cuadro de actuaciones referido confeccionado por Fayt, cuyas fechas el autor ubica desde el 2 de agosto de 1997 hasta la edición del libro en noviembre de 2001, y que arranca con la implementación de la Secretaría Especial a cargo de Canevari, que consigna más de mil testigos (y otro tanto en legajos separados) y gran cantidad de pericias, aunque -claro está- todas estas medidas fueron tomadas entre cinco y nueve años después de ocurridos los hechos, circunstancia de por sí demostrativa de la previa ausencia de investigación y de las escasas expectativas de precisión tanto tiempo después.
En diciembre de 1999, la Corte dictó una resolución llamando a indagatoria y atribuyendo el atentado a la Jihad Islámica, brazo armado de Hezbollah, basado en análisis de especialistas del exterior, cables diplomáticos e informes de inteligencia, en lo que puede tomarse como una interesante tesis sobre la problemática de Medio Oriente, pero no más que eso. La Corte de los 90 pretendía sacarse el expediente de encima. Al igual que el entonces presidente Lorenzetti, cuando tiempo atrás afirmó que en 1999 ya hubo una sentencia de la Corte, y que es “cosa juzgada”.
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