UN JUICIO IGNORADO

En este nuevo aniversario del atentado impune de la AMIA,  se volverán a escuchar discursos y declaraciones de parte de dirigentes del establishment comunitario,  y de referentes políticos de todo signo y color,  periodistas polirubros y oportunistas varios.  La fecha es una buena oportunidad para robar cámara,  y exhibir afectada indignación moral,  impostar coraje cívico y valentía,  y lanzar encendidas promesas de nunca cesar en la búsqueda de “justicia por los muertos de la AMIA”.  El licuado verborrágico no dejará afuera edulcoradas autoreferencias a la recontra  importantisima batalla ganada por la gente de bien mediante la declaración judicial de inconstitucionalidad del memorándum con Irán.  Anulación que,  a estar al tono triunfalista con que se la menciona,  debe haber logrado impedir que una investigación ejemplar, vigorosa y en plena marcha,  fuera paralizada.

Algunos,  seguramente agregarán que -entonces,  ahora sí-  con los nuevos vientos de cambio que de paso agradecemos,   estamos en condiciones de impulsar el “juicio en ausencia”,  para terminar de una vez con la causa AMIA. 

Y no faltarán los directivos de entidades judías que pedirán reactivar la estrambótica denuncia política del fallecido fiscal Nisman contra el gobierno anterior,  por pretendido encubrimiento.  Todo ello,  codo a codo y con gran cordialidad con las comprensivas autoridades nacionales, en contraste con lo sucedido en los últimos años.

Esta previsible opereta será ampliamente televisada.   Mientras tanto,  fuera de las cámaras y de las primeras planas,  se desarrolla semana a semana ante el Tribunal Oral Federal Nª2, y con algunas novedades,   el juicio al grupo de altos funcionarios políticos,  policiales y de los servicios de inteligencia que orquestadamente cometieron numerosos y descarados actos de encubrimiento,  destrucción de pruebas y desvío de la investigación,  especialmente los relativos al ocultamiento de la llamada “pista siria” y local,  y a la compra por cerca de medio millón de dólares de una declaración mendaz al entonces preso Telleldín para lograr una acusación falsa que cerrara la causa con una condena a un grupo de corruptos policías bonaerenses.   Allí está la clave del encubrimiento: tantos poderosos protagonistas no actuaron cada uno “porque sí”.  Existieron acuerdos,  y luego bajaron las órdenes a las fuerzas de seguridad e inteligencia,  y también a funcionarios judiciales,  tal como en buena medida se encuentra probado.  Algunos de quienes obedecieron esas perversas directivas podrían eventualmente llegar a romper el pacto de silencio y revelar por orden de quién lo hicieron,  de lo cual podría seguirse para encubrir qué.  Detrás de eso,  están los asesinos.

Una de las cosas que va quedando claramente ratificada en este primer tramo del juicio con las declaraciones de algunos testigos,  es la escandalosa y abrupta suspensión del seguimiento de la investigación de la “pista siria” y de vidriosos amigos de las familias Menem y Yoma,  desde el 1 de agosto de 1994 hasta el año 2000 en que Menem ya no era presidente (y cuando,  obviamente, a seis años de los hechos un allanamiento en casa del sospechoso Kanoore Edul ya no podría dar ningún resultado).    Es un hecho: esa trascendental pista fue abortada,  aunque aún falta establecer en próximas audiencias por orden de quién.

Es decir,  lentamente se va confirmando uno de los ejes de la acusación por encubrimiento contra Menem,  el ex juez Galeano y el “Fino” Palacios,  entre otros.  

Lo que también es inocultable es el papel encubridor del Departamento de Protección del Orden Constitucional  y luego su continuadora, la DUIA,  ambos cuerpos pretendidamente especializados de la Policía Federal Argentina,  a cuyo servicio de inteligencia reportaba el espía “Iosi”,  quien fue infiltrado por sus jefes en la comunidad judía,  tal como relatamos con la periodista Miriam Lewin en nuestro libro “IOSI, EL ESPÍA ARREPENTIDO”.  Uno de sus superiores,  preguntado al respecto,   declaró inverosímilmente en este juicio que no sabía que había un infiltrado,  que se enteró “por los medios”.      Otros,  al ser citados a declarar sobre sus tareas como investigadores de la causa AMIA, adolecen de ataques de amnesia,  en especial en todo lo relativo a la pista siria y a explicar en qué consistieron sus tareas. 

Uno de los pocos en hablar fue el investigador policial especializado en terrorismo islámico Jorge Horacio Gonzalez,  quien reconoció que lo desplazaron del “POC” cuando insistió en investigar en serio.  Relató cómo advirtió que los jefes políticos y policiales habían decidido abandonar la “pista siria”,  lo que le parecía “un disparate”,  y que había un completo desinterés en el esclarecimiento.  Carecían por completo de medios, incluso de sillas o de máquinas de escribir.   En lugar de ello,  se construía una mentira,  esparcida por el propio presidente,  sus ministros y el jefe de policía. 

 Pero salvo alguna excepción,  la reticencia,  que oculta episodios sórdidos,  es una constante en los funcionarios policiales que están testimoniando en el proceso,  y no hace más que poner en evidencia su nefasto papel en la conspiración.   Así fue que uno de ellos,  Eduardo Aguilera,  quien trabajó por años exclusivamente abocado a la investigación AMIA en el POC y la DUIA,  logró exasperar a fiscales y querellantes con sus indolentes respuestas de “no me acuerdo” y su nula colaboración,  pese a ser advertido por el presidente del Tribunal.  Antes que se retirara,  el fiscal y varios abogados querellantes plantearon que era una falta de respeto la actitud de estos funcionarios  que intervinieron en la investigación del atentado terrorista más grave de la historia argentina y creen que puede ser gratis sentarse a mentir en la causa AMIA,  por lo que pidieron su arresto por falso testimonio.  Previsiblemente,  pidieron el rechazo de la solicitud de arresto del testigo las defensas de Galeano,  Anzorreguy, y los fiscales Mullen y Barbaccia.  Pero el mayor énfasis en la defensa del policía lo puso la abogada del procesado Rubén Beraja.    Tras un cuarto intermedio,  y en una loable muestra de firmeza,  el Tribunal ordenó la detención del declarante reticente.        Se trata de noticias importantes que debieran ser conocidas por toda la sociedad y publicadas en primera plana pero que -increíblemente- no son difundidas,  porque no abastecen a la “lógica patológica” de los tanques comunicacionales en su intervención en la lucha política partidaria.    

Por su parte la dirigencia comunitaria,  que se llenará la boca por estos días con reclamos de justicia,  no asiste a las audiencias ni expresa ningún interés por el juicio AMIA2.  Salvo en una ocasión: cuando prestó declaración indagatoria Beraja concurrieron expresidentes y otros funcionarios que siguen cercanos a la DAIA,  como muestra de solidaridad con el ex titular del vaciado Banco Mayo.     

Entretanto,  las agrupaciones de familiares de las víctimas son quienes a pulmón y en completa soledad siguen los avatares de este juicio y su pelea por la verdad.  Harán,  una vez más,  sus modestos y dignísimos actos por separado respecto del escenario central,  lejos de tantos impostores. 

(nota publicada en Revista Convergencia de Julio 2016,  que puede descargarse en el siguiente enlace:    REVISTA CONVERGENCIA ).