Desde la llegada de
Ahmadineyad a la presidencia de Irán no ha cesado de escalar la tensión entre
dicho país e Israel, Estados Unidos y las colectividades judías del mundo. Las reiteradas amenazas de líderes iraníes de
borrar de la faz de la Tierra
a Israel, y los amagues del Estado judío
de atacar a Irán para intentar abortar sus planes de desarrollo nuclear afectan
al mundo entero. Argentina, además,
ha denunciado en varias oportunidades la falta de colaboración de la República Islámica
con los requerimientos de la
Justicia de nuestro país sobre funcionarios iraníes acusados
de participación en el atentado a la
AMIA , que en 1984
causara 85 muertes y cientos de heridos.
Es difícil
encontrar en la actualidad enemigos más encarnizados que Irán e Israel, lo que a su vez arrastra al conflicto,
voluntaria o involuntariamente, a las
comunidades judías latinoamericanas y europeas,
sumamente expuestas. Su natural
adhesión y simpatía con la existencia y los logros del Estado judío han sido
históricamente manipuladas por los gobiernos israelíes de turno para obtener un
apoyo a las políticas de cada momento, incluso aquellas que son repudiadas por
amplios sectores de su propia población.
El alineamiento acrítico y la obsecuencia generalizada de la dirigencia
de la colectividad judía han sido la nota habitual en las últimas décadas, actitud motivada muchas veces en viajes, honores y prebendas, más que en convicciones ideológicas o
políticas. (…)
Lo cierto es que
hay temas que en las conducciones comunitarias constituyen un tabú, y que para los dirigentes no merecen ser
siquiera mencionados. Entre ellos, la existencia de intereses contrapuestos -o
por lo menos claramente distintos- entre
Israel y las diversas comunidades judías.
Divergencias que si fueran debidamente asumidas permitirían un diálogo
adulto y no una mera relación subalterna a las necesidades del Estado judío.
En al menos dos
oportunidades esa contradicción de objetivos afloró trágicamente en la Argentina , donde centenares de víctimas fueron
producidas entre judíos argentinos.
En primer lugar, durante la
última dictadura militar argentina de 1976 a 1983,
autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, a la cual Israel le vendió muy importantes
cantidades de armas, mientras la
represión afectaba desproporcionadamente a miembros de la colectividad judía en
relación al porcentaje de judíos en la sociedad argentina[1], ensañándose especialmente con los detenidos de
ese origen, y con el antisemitismo constituyéndose como ideología oficial
apenas disimulada. Además del
suministro de armas, se desarrolló un
canal de colaboración entre el siniestro Batallón de Inteligencia del Ejército
601 y los servicios de inteligencia
israelíes, mientras represores
argentinos y militares israelíes coincidían en prestar onerosos servicios
contrainsurgentes en Centroamérica.
Las justificaciones desde Israel pueden ser diversas, desde la necesidad de fortalecer la propia
industria armamentística como vector esencial de supervivencia del Estado en un
entorno de amenaza bélica permanente -para lo cual es
indispensable exportar la mayor parte de la producción- hasta la conveniencia, con relación al caso argentino, de colaborar con un gobierno militar que
combatía a guerrilleros montoneros que se encontraban asociados a organizaciones
palestinas e intercambiaban entrenamiento y know how en El Líbano. Las violaciones a los derechos humanos por
los gobiernos receptores de asesoramiento y armas, no eran un impedimento para el cumplimiento
de los objetivos propuestos, cuando eran los únicos mercados abiertos para las
ventas israelíes. Y si los judíos
argentinos eran objeto bajo la represión militar de un hostigamiento y
persecución superior al padecido por el resto de la población argentina, para el pensamiento sionista clásico “eso les
pasaba por no haber ido a vivir a Israel”.
Mientras tanto, las dirigencias
judías locales, atadas a esos intereses
y compartiendo algunos beneficios,
guardaban silencio y pedían a sus similares norteamericanas que no
alzaran la voz. No había ningún motivo
para alterar la política para con la Junta Militar argentina.
El segundo caso en
que los judíos argentinos pagaron cruentamente las consecuencias -en este caso
no previstas- de negociaciones y acuerdos reservados de Israel, fueron los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA y su posterior
encubrimiento. Si bien, como antes mencionábamos, Irán e Israel son hoy enemigos supremos, desde los años 70 y hasta el atentado a la
mutual judeo-argentina existió una red de tráfico de explosivos y armas
israelíes, norteamericanas y argentinas
hacia Irán o hacia intereses iraníes,
que tuvo a Buenos Aires como una de sus bases principales. Dicho entramado atravesó distintos gobiernos
argentinos desde la dictadura y no fue inventado por el menemismo, si bien fue
durante el gobierno de Carlos Menem que alcanzó su cota más alta y su mayor
nivel de descontrol. Al punto que sobran
indicios que señalan a esa misma red de tráfico ilegal como fuente de la carga
explosiva que demolió la AMIA.
Es decir, los
perpetradores de las masacres podrían encontrarse entre quienes tenían negocios
compartidos con algunos de los destinatarios de los ataques.
Otra vez, los
judíos argentinos son víctimas de los juegos de guerra en que participa
Israel, con el aval de dirigentes
locales. ("Brindando sobre los Escombros", capítulo 2, año 2012)
Parece que los judíos norteamericanos están comenzando a expresar similares inquietudes sobre las políticas israelíes. Así lo refleja el diario israelí Haaretz en una nota titulada "Netanyahu's
Anti Iran Campaign Doesn't Consider Disastrous Effects on U.S. Jews", que puede leerse AQUÍ
[1] Mientras la población judía representaba el 1 % de la
sociedad, los desaparecidos de
origen judío se estiman en 10%, diez veces más que su porcentaje sobre la población.
Los datos recopilados por el investigador
Edy Kaufman, el informe CO.SO.FAM Barcelona titulado “La violación de los
Derechos Humanos de Argentinos
Judíos Bajo el Régimen Militar” (1976-1983) y otros, consideran que el porcentaje de desaparecidos
judíos sería entre un 11% y un 15% del total, que en dichos estudios se estima
entre 12,000 y 20,000 víctimas..
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