El 17 de marzo de 1992 un atentado terrorista demolió la sede de la embajada de Israel en la Argentina en pleno centro de Buenos Aires, causando la muerte de al menos 22 personas identificadas, secuelas y heridas de todo tipo a varios cientos, y devastación y enormes daños materiales en edificios y bienes de los alrededores. Incluyendo una iglesia católica y un asilo de ancianos, en los cuales también se registraron víctimas fatales. El análisis del expediente, al que tuve acceso, pone en evidencia el total desinterés oficial en el caso, hasta que se produce el segundo atentado y aún después. La ausencia de investigación constituyó un aliciente y una garantía para los terroristas: para el posterior ataque a la AMIA, el estilo se perfeccionó con el armado de la infame “historia oficial”.
La bochornosa mayoría automática menemista en la Corte, encabezada por un ex integrante del estudio jurídico de los hermanos Menem en La Rioja, fue finalmente expulsada del Tribunal por el procedimiento de juicio político puesto en marcha en cadena nacional por el presidente Néstor Kirchner. Una de las causas más escandalosas para destituir a esos jueces era el caso Embajada, de cuyo examen participé como asesor ad honorem en ocasión del primer intento de juicio político en tiempos de la presidencia provisional de Duhalde, proceso que entonces fue frenado por las presiones cuasi extorsivas de los cortesanos, y que sólo prosperó el año siguiente, con el nuevo gobierno.