¿Cuál es el mejor modo de encubrir el real encubrimiento?: con una denuncia por otro encubrimiento más traición a la patria contra quienes pusieron en riesgo la historia oficial, con encarcelamientos filmados, impulsada por los que debieran explicar “¿dónde estuviste tú en los 90, papá?”.
FULLERIAS
por Horacio Lutzky*
No
conozco personalmente a Carlos Zaninni,
quien el 18 de enero preguntó en una carta abierta en Página/12 “¿puede
alguien, en derecho, explicar mi prisión?, con relación al Memorándum firmado
con Irán.
En
derecho, es inexplicable, y destacados juristas como Eugenio Zaffaroni
y Julio Maier, además del asesor
jurídico del Llamamiento Judío Luis Kon ya se han explayado.
En
cuanto a razones profundas, en cambio es
perfectamente explicable, y hasta un
punto previsible.
No avalé
en su momento la suscripción del Memorándum de Entendimiento con Irán. Por el contrario, lo consideré un error opinando que “tiene razón la presidenta cuando señala que el
gobierno iniciado por Néstor Kirchner en 2003 y continuado por CFK, fue el
único en realizar actos concretos en favor del esclarecimiento del atentado.
Pero tienen también razón muchos de quienes, sin desconocer esos innegables
antecedentes, expresan sus dudas
y prevenciones ante el memorándum (…) Una cosa es una cosa… Y
otra cosa distinta es sostener que esta jugada desafortunada y desaconsejable
convierte a miembros de este gobierno en “traidores”, “antisemitas”, propiciadores de un
“tercer atentado”, o calificativos por el estilo. Es cierto que el deleznable régimen
iraní,
violador serial de los derechos humanos, con su rol en la diseminación del
terrorismo, el antisemitismo y el fundamentalismo premoderno, es motivo de lógica preocupación.
Incluso respecto de las consecuencias de su proyección latinoamericana. Pero
los intercambios comerciales –en forma directa o triangulada- también existen
con países como EEUU o Israel, así como hay contactos y amagues de reuniones por el tema
nuclear. Sin embargo, aquí estamos hablando de algo mucho
más concreto, relativo a un determinado proceso judicial. Son legión los dirigentes políticos nacionales
y comunitarios que -amplificados por una aceitada caja de resonancia mediática-
hoy se rasgan las vestiduras y se tiran de los pelos indignados, mientras alertan sobre el desastre
al que se llevará una causa judicial supuestamente viva y pletórica de
revelaciones y probanzas judiciales. O mienten con alevosía, o son pavotes con carnet habilitante
que repiten consignas vaciadas de contenido real. Frases hechas que muchas veces
poseen copyright en otro idioma. Los referentes del PRO que promocionaron al
procesado “Fino” Palacios, los de la Alianza delarruista que echaron a
Nilda Garré para negociar con Menem y continuar tapando la “pista siria”, los
dirigentes comunitarios que avalaron el encubrimiento de la conexión local y
los negocios espurios de Beraja y Aviran, las legaciones diplomáticas que
presionaron para que no se revisaran las escandalosas irregularidades de la
investigación, deberían todos ellos guardar un tono cuanto menos circunspecto.
Para decirlo en latín: silbar bajito. Pero no perderán la oportunidad de llevar
agua hacia su molino político con sobreactuaciones memorables”
(“¿Irán?”, Nueva Sión, 12/02/2013). Y
así fue, y sigue siendo.
Pero,
mucho peor, para mayor escándalo:
funcionarios judiciales que propician estas persecutorias “prisiones preventivas” y otras crueles penas anticipadas como la que
impidió a Timerman abordar su avión para tratarse el cáncer que
padece, fueron antes funcionarios del
estrecho círculo decisorio del gobierno
de Carlos Menem. Gobierno que entre los
años 1991 y 1995 (época de los atentados en Argentina) sostuvo tratos con
criminales agentes croatas, iraníes y
sirios, para realizar el ilegal
contrabando de armas a Croacia y Bosnia que contaba con el visto bueno de
Estados Unidos, y que luego llevó a
Menem a prisión allá por el 2001. Carlos
Corach era su Secretario de Legal y Técnica,
y Claudio Bonadío su segundo.
El principal articulador del riesgoso contrabando de armas hacia los
Balcanes, que fluía con parte de los
fondos provenientes de Croacia y otro tanto de Irán, fue el
traficante sirio Monzer Al Kassar,
que pese a sus frondosos antecedentes criminales y su vinculación con
atentados terroristas, obtuvo en trámite
ultra express documentos y pasaporte argentinos, pasando como por un tubo por la oficina de población
y migraciones que entonces ocupaba el actual fiscal de Cámara Germán
Moldes.
Tras
el atentado a la AMIA -tal como se
probó acabadamente en distintas
instancias judiciales y también en el proceso de destitución del ex juez
Galeano- se eliminaron grabaciones y
sus transcripciones (sobre los iraníes,
previas al atentado, y posteriores sobre el entorno íntimo de Menem, la
llamada “pista Kanoore Edul, etc.), se
destruyeron filmaciones y otras evidencias adrede, se coaccionó a testigos para que no declaren
y a otros para que mientan, se ignoró el
vuelo suspendido sobre el techo de AMIA de un helicóptero la madrugada anterior
a la explosión, se plantaron pistas
falsas, se inventaron conductores
suicidas, se atribuyó el atentado a Bin
Laden, y se pagó a un preso casi medio
millón de dólares con fondos de la SIDE para comprarle una declaración con la
cual imputar falsamente a unos policías bonaerenses. Todas
esas barbaridades ocurrieron en los primeros meses y años posteriores al
atentado. Así fue que se “limpió” el expediente y se trituró
definitivamente la “causa AMIA”, convirtiéndose
en un vertedero de burdos e interesados informes de inteligencia.
Por
todas esas maniobras están actualmente en silenciado juicio oral (pero sin la
prisión preventiva que aplican a Zaninni) parte de los funcionarios y
colaboradores involucrados en esas maniobras,
desde Menem, Anzorreguy, Galeano y los fiscales Müllen y
Barbaccia, hasta el ex titular de la
DAIA Rubén Beraja . ¿Y cual es el
mejor modo de encubrir ese, el real encubrimiento, el que dejó la investigación criminal como
una cáscara vacía?: con una denuncia por un súper encubrimiento más traición a
la patria contra quienes pusieron en riesgo la historia oficial, con encarcelamientos
filmados, impulsada por quienes deberían
explicar “¿dónde estuviste tú en los 90, papá?”.
Si, además, esto sirve para intentar proscribir a referentes
nacionales y populares, tal como está ocurriendo con mecanismos similares a
escala continental: bingo!.
No
se trata de derecho, sino de fullerías.
*abogado, escritor y
periodista. Ex asesor de la Comisión de
Juicio Político a la Corte Suprema menemista por no investigar el atentado a la
Embajada de Israel (2002). Autor de
cuatro libros sobre la temática: “Caso AMIA, la deuda in terna” (2003), “Brindando sobre los Escombros. La dirigencia
judía y los atentados: entre la denuncia
y el encubrimiento” (2012), “Iosi, el espía arrepentido” (en coautoría con
Miriam Lewin, 2015) y “La Explosión”
(2017).
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