LA OTRA DENUNCIA POLITICA DE NISMAN

El uso espurio de denuncias políticas en la causa AMIA. Un antecedente olvidado: cuando los fiscales Nisman, Müllen y Barbaccia denunciaron falsamente junto a la DAIA a una funcionaria que quiso investigar el encubrimiento.  El pacto De la Rúa-Menem

A lo largo del extensísimo Juicio Oral iniciado en setiembre de 2001 contra los entonces acusados por el atentado, las reacciones automáticas de la querella AMIA-DAIA en defensa de la demostradamente falsa historia oficial se replicaron una y otra vez bajo el argumento de que cualquier cosa que cuestionara lo realizado por el juez Galeano y sus auxiliares de la policía y la SIDE, sólo servía para beneficiar a los imputados.  Bajo tal consigna, la querella oficial ha defendido contra viento y marea irregularidades de una cantidad y entidad de difícil comparación con cualquier otro antecedente de la historia judicial argentina. Pero hubo un episodio -fuera de la condecoración al “fino” Palacios y demás autoridades de la Policía Federal- donde las interferencias políticas y las “razones de Estado” quedaron especialmente en evidencia. Con una denuncia que llevó la firma de dos fiscales actualmente procesados,  más la del infortunado Nisman, en un precedente que cobra gran relevancia a la luz de los actuales acontecimientos: el episodio “testigo C- Nilda Garré”.  

Nilda Garré era diputada por el Frepaso, y había sido designada al frente de la Unidad Especial de Investigaciones de la causa AMIA, dependiente del Ministerio de Justicia, por decreto del gobierno de Fernando de la Rúa. Durante su gestión se propuso investigar las pistas abandonadas, exigir una profundización de los dichos del testigo “C” y solicitar los sumarios internos de la SIDE para someterlos a profundo examen y control, entre otros aspectos.  

El II Informe de la Unidad correspondiente al período marzo-junio de 2001, señaló:  

“reiteramos que consideramos de gran valor el testimonio en la causa del testigo de identidad reservada identificado con la letra “C”. Al mismo tiempo, y por idénticas razones, también es importante profundizar las investigaciones y las gestiones en torno al ciudadano brasileño Wilson Dos Santos cuya extradición fue concretada a fines del año pasado. También a nuestro juicio deben redoblarse los esfuerzos en torno a la línea investigativa relacionada con Alberto Jacinto Kanoore Edul”.  La diputada Garré insistía una y otra vez sin resultados ante el juez Galeano en la necesidad de traer al testigo “C” a declarar a la Argentina, para que expusiera ampliamente.  De fuentes cercanas a la querella oficial, la fiscalía y el juzgado, durante meses sólo habían trascendido los aspectos de su testimonio que involucraban genéricamente a Irán, cuidando no salpicar a la administración menemista.  Kanoore Edul, por su parte, era un enigmático personaje  sospechado de vínculos con la trama local y muy cercano a la familia del líder riojano.  

A medida que la diputada Garré se fue interiorizando de las increíbles omisiones e irregularidades de la causa AMIA, comenzó a considerar que todo ello no podía ser simple impericia o casualidad.  En setiembre de 2001 comenzaba el Juicio Oral, y en una entrevista de Diego Rosemberg para la revista “Tres Puntos”, Garré afirmó que “hubo encubrimiento del menemismo”, frase que fue el título de la nota.  

Vale la pena transcribir partes del reportaje por cuanto reflejan la dirección que pensaba profundizar la funcionaria en su tarea como Secretaria Ejecutiva de la Unidad Especial,  intención que le costaría el cargo.   Luego de referirse a las irregularidades en Cancillería y en la Dirección de Migraciones, donde “por orden del entonces director Hugo Franco, se incineraron expedientes y nadie hizo actas de qué se quemó”, cosa que afirmó también ocurrió con la Fuerza Aérea, refirió que el brigadier Antonietti a cargo de la Secretaría de Seguridad Interior “no averiguó nada”. “Y no hablemos de lo que fue la SIDE dirigida por Hugio Anzorreguy;mucha ineficiencia, con dos grupos internos enfrentados que producían pruebas uno en contra del otro. Como resultado desaparecieron, por ejemplo, 66 casetes con escuchas telefónicas a fundamentalistas iraníes. Había una copia de esos casetes en la Policía Federal y también desapareció.  (...) También desaparecieron agendas, rollos fotográficos...  Es demasiada casualidad: todo el aparato del Estado fue funcional al no esclarecimiento y la impunidad”.  

La entrevista publicada el 20 de setiembre de 2001,  donde Garré anunció lo que luego le impidieron hacer,  seguía así:  

“- Mencionó a Franco, Antonietti, Anzorreguy, todos de extrema confianza del ex presidente. ¿Cree que Menem habría estado interesado en dilatar la investigación?  

Creo que hubo encubrimiento. No intención de dilatar, hubo encubrimiento. Eso hay que probarlo, pero las casualidades cuando se reiteran no son casualidades.  

        ¿Por qué el gobierno de Menem habría estado interesado en encubrir el atentado?  

Hay varias hipótesis. Una: habría gente vinculada a él que participó en el atentado, la llamada pista siria. Otra es para evitar mostrar ineficiencia en la prevención de su propio aparato de inteligencia, sería para encubrir la propia torpeza. Una tercera hipótesis, sustentada en lo que declaró un testigo de identidad reservada, es que ante el hecho se buscaron ventajas económicas.  

        ¿Personales o para el país?  

Las dos cosas. Por una lado, negociar aumentos de compras de Irán a la Argentina, a través de empresas que, según el testigo, indicaba el presidente. El testigo trabajó en los servicios de información iraníes y permitió esclarecer el atentado al café Mikonos, en Alemania. También narró cómo se infiltra la policía en la Argentina, cómo se usan redes universitarias y de taxistas para hacer inteligencia, todos datos coincidentes con los de la SIDE. Esto hay que ponerlo en el contexto de que los países árabes aportaron fondos para la campaña de Menem y que hubo incumplimiento de acuerdos de provisión de material bélico y nuclear. El desmantelamiento del misil Cóndor, por la alianza con Estados Unidos, por ejemplo. Quizás eso se sumó a la búsqueda de un objetivo judío; una forma de matar dos pájaros de un tiro.  

        ¿Hasta dónde llegan los negocios personales?  

El testigo dice que hubo un depósito de 10 millones de dólares en una cuenta numerada en un banco en Suiza.  Habría que corroborarlo, pero los servicios de inteligencia alemanes confían en él, no parece mitómano. Le pedí a Galeano un nuevo testimonio, porque si se profundizan algunas cosas que dijo, podría haber elementos nuevos.  Sin ejercer venganzas políticas, hay hechos que parecen inexplicables.  

        Mencionó que el encubrimiento puede deberse a que había gente cercana al gobierno de Menem involucrada.  ¿A quíén se refiere?  

A Kanoore Edul, que llamó a Telleldín el mismo día que se habría retirado la camioneta. A su vez está muy vinculado a Menem a través de la familia materna del ex presidente, los Akil. Hay un lazo afectivo también con los Yoma, son todos de Yabrud. En su agenda no digo que aparece todo el gabinete de entonces, pero sí el entorno menemista. Tiene un llamado clave y su mendacidad es permanente. La Cámara Federal le indicó a Galeano que profundice esa pista. Hay una agenda suya que tenía la SIDE y durante mucho tiempo no hizo inteligencia sobre ella.  

        ¿Qué otras pistas sugiere profundizar?  

Hay que ver qué pasó con la empresa de Nassib Haddad, que llevó el volquete a la AMIA. Algunos dijeron que allí estaba el explosivo, otros que sirvió para hacer espacio para la camioneta suicida. Este hombre, después de años sin ejercer la explotación minera, la recomenzó en el ´93 y se inscribió como legítimo usuario de explosivos.  Pero en esa actividad, casualmente, duró entre diciembre del ´93 y 30 de julio del ´94. El análisis de sus compras no coincide con el consumo que las tareas a su cargo requerían, y encima afirma que no sufrió robos ni ventas. La Federal dice que hay un uso excesivo de acuerdo con la tarea declarada.  

        ¿Las pistas de Kanoore Edul y Haddad se tocan?  

El mismo día que se lleva el volquete a la AMIA se envía otro a lo de Kanoore Edul. Era un baldío de Constitución.  Sin embargo, ahí hubo actividad, ingreso y egreso de autos, ahí estacionaba Edul y ahí fue un volquete que no está claro quién recibió. El expediente municipal dice que el 29 de junio del ´94 se entregó el terreno de forma precaria al señor Polero Vázquez, que cuando uno analiza quién es, se da cuenta que se trata de un linyera. Es mucha casualidad que el mismo día, la misma empresa lleve un volquete a la AMIA y a la cuadra de Edul, quien a su vez ese día llama a Telleldín. La gente es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad, pero queremos investigar”.  

Más adelante, ante la pregunta sobre la relación entre la pista iraní y la siria, decía Garré:  

“En la agenda que se le encuentra a Kanoore Edul está escrita la dirección y el teléfono de Rabbani (N. de la R.: entonces agregado cultural iraní sospechoso de ser la bisagra entre la conexión local y la internacional). ¿Por qué Edul, que es de la comunidad siria sunnita, tiene el teléfono de Rabbani que es iraní? La pericia caligráfica dice que es su letra. Kanoore Edul se dedicaba a comprar y vender telas, ¿por qué tenía los teléfonos de tantos talleres mecánicos, por qué llamó a Telleldín ese día?”, quería saber la responsable de la Unidad Especial. Garré opinaba que “parece inadmisible que en ese tema no se haya hecho más”.  Respecto del juez Galeano, consideró que “es verdad que la SIDE y la Policía le daban a Galeano información podrida, pero si uno siente que no le dan lo que necesita debe denunciarlo. Cuando uno no puede, tiene que decir por qué. Si la pista siria fue un invento, descartémosla después de tomar las medidas que no se tomaron”.  Luego mencionó a varios sospechosos sirios y a un sobrino de Emir Yoma vinculado al tráfico ilegal de armas.     

Similares ideas volcó Garré en el programa televisivo "Punto Doc/2",  con Rolando Graña.

En las versiones de la prensa dominante estos temas -muchos de ellos conocidos por algunos investigadores desde hace años- estaban prácticamente ausentes, celosamente disimulados por los voceros de la historia oficial. Y en los más de siete años transcurridos en ese momento desde el atentado a la AMIA, nunca un funcionario había apuntado tan directamente hacia los tramos más sensibles del encubrimiento. Eso sí que era un problema.  Una molestia muy inoportuna. Porque el ex presidente Menem se encontraba procesado y detenido bajo prisión domiciliaria en la quinta de Gostanián, y precisamente por la causa armas. Y para peor, el titular del ejecutivo Fernando De la Rúa,  en ese último tramo de su truncada presidencia a finales del año 2001,  estaba negociando un desesperado pacto de “gobernabilidad” con el menemismo, que pasaba necesariamente por la inminente liberación de Menem mediante un fallo de la Corte Suprema presidida por el ex socio de Menem, Julio Nazareno, en plena etapa de elaboración.  

MANDEMOS A LOS FISCALES

A Fernando De la Rúa no le cayó nada bien que la funcionaria con responsabilidad de supervisar la causa AMIA justo en ese inoportuno momento hablara del “encubrimiento menemista” en la investigación de la masacre. El ministro de Justicia Jorge de la Rúa, hermano del presidente, comenzó pidiéndole a Garré que “baje los decibeles”. Pero en esos febriles días que precedieron a la expulsión de De la Rúa a cacerolazo limpio, el gobierno demostró estar abierto a cualquier tipo de negociación sucia, al estilo de  los sobornos en el Senado y la Banelco de la SIDE que motivaron la renuncia de “Chacho” Alvarez. Se decidió, entonces, generar una situación para propiciar la inmediata remoción de la díscola funcionaria.  Pero el “cómo” echarla y el “quién” lo pediría era un ítem central, por cuanto si bien el gobierno estaba dispuesto a entregar su víctima propiciatoria para arreglar con el menemismo, la movida era muy delicada frente a la colectividad judía y a la mirada nacional e internacional sobre el juicio oral que recién comenzaba.  

El tandem oficial decidió denunciar a Nilda Garré por “violación de secreto”, donde cada parte cumpliría su papel. Los fiscales federales de la causa AMIA, Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman presentaron con toda urgencia un escrito de una carilla donde, con llamativa imprecisión y abundancia de condicionales, imputaron a Garré por el delito señalado. 

El escueto escrito de denuncia se motivó en que   “por cuanto se desprende de la nota periodística publicada el día domingo 30 de Septiembre de 2001 en el matutino “Página/12” -que en copia se acompaña-, que fuentes no reveladas habrían dado a publicidad partes textuales del testimonio del testigo identificado con la letra “C” -cuya identidad fuera reservada- que testificara en la causa Nro 1156 del registro de la Secretaría Nro. 17 del Juzgdo Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 9, instruída con motivo del atentado terrorista”, y en que “en el día de la fecha, hemos tomado conocimiento que la señora Secretaria Ejecutiva de la Unidad Especial de Investigaciones creada por el Poder Ejecutivo Nacional para la investigación del atentado cometido contra la sede de la AMIA, Dra. Nilda Garré, se habría pronunciado públicamente con relación al testigo que nos ocupa en el programa televisivo denominado “Punto.doc/2” en el transcurso del mes de julio/agosto del año en curso”.     Como se advierte del texto transcripto, fue tal la premura de la presentación, que los fiscales ni siquiera pidieron la cinta al canal o a la productora para verla previamente, no pudiendo precisar tampoco ni siquiera el mes de emisión del programa.  La realidad es que lo que es “reservado” es la “identidad” del testigo de “identidad reservada”, tal como su calificativo lo indica. El programa fue denominado por “Punto Doc/2”: “AMIA.DOC - ¿POR QUE MENEM NO INVESTIGÓ?”, y en el mismo Garré en ningún momento reveló la identidad del testigo “C”.  

En cambio, la identidad del testigo “C”, y partes de su testimonio, habían sido publicados en algunos medios nacionales más de un año antes, cuando Garré no ocupaba aún el cargo en la Unidad Especial de Investigaciones. Y esa información era conocida por muchos periodistas, obteniéndose incluso por Internet.  

Así, el domingo 16 de julio de 2000, el periodista Daniel Santoro había revelado en “Clarín” por primera vez públicamente la identidad del testigo “C” en un informe  donde refirió algunos aspectos de su testimonio, detallando que “el testigo “C” es Abolghasem Mesbahi, un ex jefe del servicio secreto de la Cancillería iraní que ayudó a la Justicia alemana a resolver el atentado contra el restaurant Mikonos en Alemania y ahora goza de la protección del gobierno germano bajo otra identidad”.  “La Nación”, por su parte, había publicdo el 17 de julio de 2000 con la firma de Rafael Saralegui (h) un largo artículo con partes bastante más comprometedoras del testimonio del testigo “C” (que podían obtenerse en la página WEB del periódico), del mismo tenor que las que llegarían tres años después a la tapa del “New York Times”. El título de la nota era “Un testigo dijo que Irán pagó a Menem para no ser acusado”.  Entre “Clarín” y “La Nación”, puede suponerse que la información llegó a varios millones de personas. Número suficiente para que un tema deje de ser considerado un “secreto”.  

EL EQUIPO DE JOSE

Pero quien debería pedir públicamente la cabeza de la funcionaria que se metía en lo que no debía, sería la DAIA a través de su presidente José Hercman.      En sincronización con los fiscales, el presidente de DAIA José Hercman y su equipo de prensa el mismo día tomarían cuánto micrófono tuvieran a su alcance para reclamar la renuncia de Nilda Garré, ganando los titulares de los diarios.  “La DAIA reclamó la renuncia de Nilda Garré”, era la noticia, coloreada además con duras adjetivaciones de Hercman, que consideró el hecho denunciado -no su propia actuación- “una vergüenza y una frustración”.  

“Oficiosamente he conversado dentro de la ‘task force’ con gente que creemos que trabaja muy bien, diciéndoles que de esta forma la DAIA no puede seguir confiando en el accionar de ese instituto, y que debería buscarse laforma de evitar que este tipo de cosas ocurran”, puntualizó Hercman. 

Sugestivamente, y a diferencia de sus actitudes anteriores, la DAIA en este caso ni siguiera estaba dispuesta a escuchar la versión de la funcionaria o a recibir una eventual disculpa si correspondiera, como habitualmente lo hacía incluso con ex militantes nazis.  Además, agregando dramatismo a la denuncia, el fiscal Mullen y el Presidente de la DAIA declararon que a raíz de la conducta de Garré, tenían información de la justicia alemana de que el testigo “C” había dejado de estar disponible para la Causa AMIA.  

El testigo “C” jamás dejó de estar disponible, y sería contactado en meses subsiguientes varias veces más. Pero, frente al enérgico pedido de la DAIA,los medios informaron que “el Presidente decide si despide a Nilda Garré”.  Horas después, el ministro Jorge De la Rúa le pidió la renuncia, la que fue presentada en la noche del 5 de octubre de 2001. “Acusada de revelar un secreto, echan a la funcionaria que seguía el caso AMIA”, titulaba “Clarín” el día siguiente, con una volanta aclaratoria: “había sido criticada por la DAIA”.  

El abogado Alberto Zupppi, de la querella Memoria Activa, expresó en un reportaje que “los motivos por los que fue denunciada son vergonzosos porque hace años que la prensa maneja esa declaración, que parece ser reservada sólo para Memoria Activa y las defensas”, recordando que “la abogada de la DAIA estuvo presente cuando ocurrió”. Concluyó que “es una grosería mostrar a Garré como culpable, que pidió hace tiempo que vuelvan a interrogar al testigo ‘C’”.  

Apenas dos meses después, los medios informaban que “Un iraní que denunció a Menem solicitó declarar” (“La Prensa”, 6 de diciembre de 2001). Sí, se trataba del famoso testigo “C”,que a través de un delegado de la policía germana así lo hizo saber a la embajada argentina en Alemania.  

Ya que nadie lo iba a buscar, era el propio testigo el que llamaba.“ Página/12” tituló:“El testigo secreto quiere declarar siempre que le paguen viáticos”. “El hombre dijo que Irán depositó 10 millones de pesos para Menem a cambio de despegar del atentado contra la AMIA. El juez Galeano duda”, seguía la bajada. Tal como ocurrió durante la gestión de Garré, el juez se resistía a traerlo a declarar. La abogada de la DAIA llegó a decir que temía por la seguridad del testigo si se lo traía aquí. “A Galeano no le resulta atractivo: hasta ahora “C” fue interrogado por los fiscales y por la querella DAIA-AMIA, con quienes el juez tiene buena relación, pero una audiencia en Argentina lo pondría ante un interrogatorio más difícil, con intervención de más abogados. Días atrás el magistrado dejó entrever su reticencia en una nota que envió a la Unidad de Investigación en la que decía que está dispuesto a citar al iraní, pero que estaría supeditado a que ese organismo le explique la importancia de hacerlo” escribía Irina Hauser en “Página/12”.  Tan disponible continuó estando el testigo “C”, que en el 2003 la SIDE a cargo de Miguel Angel Toma, lo contactó y obtuvo del mismo una carta donde relativizó sus dichos anteriores con relación a la millonaria suma pagada a Menem.   

De cualquier modo, el trabajo en tándem entre los fiscales y el presidente de la DAIA , había surtido efecto y tras la acusación Garré dejó su cargo. Ya estaba despejado el camino para “bajar los decibeles” y sellar el efímero pacto De la Rúa-Menem.  

Semanas después y con la liberación de Menem, los diarios reflejaron el nuevo panorama. Y las fotos publicadas el 14 de diciembre de 2001, muestran a Menem exultante junto a un desorientado morador de la Casa de Gobierno. Así lo reflejaba “Clarín”: “Menem no hizo ningún esfuerzo por disimular lo feliz que estaba de regresar a la Casa Rosada, después de haber estado cinco meses bajo arresto domiciliario, acusado de comandar una asociación ilícita para la venta ilegal de armas. (...) Como en sus mejores tiempos, Menem ingresó a la Rosada a las 9,22 de ayer rodeado por una nutrida comitiva. Lo acompañaron y participaron de la reunión su hermano, el senador Eduardo Menem, los ex funcionarios Eduardo Bauzá, Alberto Kohan y Jorge Castro, y el gobernador Rubén Marín. También subieron al primer piso de la Casa Rosada Alejandro Tfeli (el médico de Menem), y su secretario privado, Ramón Hernández”.   El médico Tfeli, viejo conocido de Al Kassar,  fue señalado en una antigua denuncia obrante en la causa AMIA como quien habría dispuesto del destino del terreno baldío de la calle Constitución que utilizaba Kanoore Edul y al cual fue llevado un extraño volquete la mañana del 18 de julio de 1994, por la misma empresa de Nassib Haddad que dejó uno frente a la puerta de la mutual.  La crónica señala que Menem “comprometió su ayuda para sancionar en el Congreso el Presupuesto del 2002 antes de fin de año” y se expresó en contra de acortar el mandato de De la Rúa, coincidiendo con éste en manifestarse en contra de una devaluación.  

Una semana más tarde, las calles de Buenos Aires ardieron en las jornadas del 20 y 21 de diciembre, que precipitaron la huida de De la Rúa del poder.

Entretanto,  la absurda denuncia contra Nilda Garré permaneció abierta sin ningún aporte acusatorio por años,  hasta que fue definitvamente archivada.  Ya había cumplido su propósito.